Las nuevas reglas de fianza en Ontario generan preocupación por su posible impacto en personas de bajos ingresos, recién llegados y familias con dificultades para reunir dinero en efectivo. La Canadian Civil Liberties Association cuestiona su constitucionalidad.
Los cambios introducidos por el Gobierno de Ontario en el sistema de libertad bajo fianza abren un nuevo debate sobre el acceso a la justicia y el impacto que las condiciones económicas pueden tener sobre una persona acusada de un delito.
El Gobierno provincial sostiene que las nuevas medidas buscan fortalecer la seguridad pública y hacer más exigibles las condiciones de libertad bajo fianza. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos civiles advierten que el nuevo sistema puede crear mayores dificultades para las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes.
Para la comunidad latinoamericana de Toronto, donde muchas familias viven con ingresos limitados y donde conviven personas con diferentes situaciones migratorias, el tema adquiere una particular relevancia.
¿Qué cambia con las nuevas reglas de fianza en Ontario?
Hasta ahora, en determinados casos un tribunal podía permitir que una persona quedara en libertad mediante una promesa de pago. Es decir, la persona se comprometía a pagar una determinada cantidad si incumplía las condiciones de su libertad, pero no necesariamente tenía que entregar ese dinero por adelantado.
El nuevo sistema introduce la posibilidad de exigir un depósito de garantía en efectivo, lo que significa que el dinero debe estar disponible y ser entregado antes de que la persona pueda recuperar su libertad bajo esas condiciones.
Shakir Rahim, director del Programa de Justicia Penal de la
(CCLA), considera que este cambio puede tener consecuencias desiguales.
Según Rahim, las personas con menos recursos económicos pueden tener mayores dificultades para reunir dinero rápidamente o encontrar a alguien que pueda actuar como fiador.
“Esto crea una especie de justicia de dos velocidades, en la que a quienes pueden permitirse pagar les resulta más fácil salir en comparación con quienes no pueden.”
El impacto sobre las personas de bajos ingresos
El aspecto económico es uno de los principales puntos de preocupación para organizaciones de derechos civiles.
Para una familia con ahorros limitados, ingresos bajos o sin acceso inmediato a crédito, conseguir una cantidad importante de dinero en efectivo puede ser prácticamente imposible.
Esto puede ser especialmente relevante para algunas familias inmigrantes y recién llegadas que todavía no cuentan con una red familiar amplia en Canadá o que tienen dificultades para acceder a servicios financieros.
Sin embargo, Rahim advierte que el impacto no debe analizarse únicamente desde la situación migratoria de una persona.
Una persona sin estatus migratorio regular, por ejemplo, puede llevar muchos años viviendo en Canadá y tener fuertes vínculos con su comunidad. Esos factores pueden ser considerados en una decisión sobre las condiciones de su libertad.
Por el contrario, una persona que acaba de llegar al país y cuyos vínculos con la comunidad sean limitados podría enfrentar condiciones diferentes.
La situación migratoria, por sí sola, no determina automáticamente las condiciones de la fianza. Cada caso debe ser evaluado individualmente.
La presunción de inocencia
Otro de los puntos centrales del debate es la presunción de inocencia.
Una persona que enfrenta cargos criminales no ha sido declarada culpable. La libertad bajo fianza existe precisamente para determinar si esa persona puede permanecer en libertad mientras espera el desarrollo de su proceso judicial.
Rahim sostiene que cualquier modificación del sistema debe respetar ese principio y el derecho constitucional a una fianza razonable.
La preocupación de la CCLA es que la capacidad económica de una persona pueda convertirse, en la práctica, en un factor determinante para conseguir su libertad.
El debate, por lo tanto, no se limita a cuánto dinero debe entregar una persona. También plantea una cuestión más amplia: ¿debe una persona con menos recursos enfrentar mayores dificultades para recuperar su libertad que alguien con capacidad económica para pagar?
La CCLA impugna las nuevas reglas
La Canadian Civil Liberties Association sostiene que las nuevas medidas plantean problemas constitucionales y ya ha iniciado un proceso judicial para cuestionarlas.
Rahim explicó que la organización espera que un tribunal determine si las nuevas reglas son compatibles con la Constitución canadiense.
Mientras el proceso avanza, el abogado recomienda que cualquier persona que enfrente una audiencia de fianza informe a su abogado si tiene dificultades económicas.
Esto puede permitir que el tribunal conozca la situación financiera de la persona antes de establecer las condiciones de su libertad.
¿Qué deben saber las familias?
Para las familias que tienen un ser querido detenido y enfrentan una audiencia de fianza, uno de los mensajes más importantes es comunicar claramente al abogado cualquier dificultad para reunir dinero.
La situación económica puede ser relevante al momento de discutir las condiciones de la libertad.
También es importante buscar asesoramiento legal lo antes posible y no asumir que una determinada condición se aplica automáticamente a todos los casos.
Para las comunidades inmigrantes, además, la situación migratoria puede formar parte del contexto que el tribunal considere, pero no existe una respuesta única para todas las personas.
Un debate que también afecta a la comunidad latina
Los cambios al sistema de fianzas de Ontario ponen sobre la mesa una discusión que va más allá del ámbito judicial: el acceso igualitario a la justicia en una sociedad donde las condiciones económicas son muy diferentes entre unas personas y otras.
Para una comunidad trabajadora como la latinoamericana de Toronto, el debate adquiere especial importancia cuando una familia debe reunir rápidamente una cantidad de dinero que simplemente no tiene disponible.
Mientras el Gobierno de Ontario defiende las nuevas reglas como una herramienta para fortalecer la seguridad pública y la responsabilidad de quienes reciben libertad bajo fianza, organizaciones como la CCLA cuestionan si el sistema puede terminar perjudicando desproporcionadamente a las personas con menos recursos.
El desafío será determinar cómo garantizar la seguridad de la comunidad sin que la capacidad económica de una persona se convierta en una barrera para ejercer sus derechos.
Néstor Gaetán para CHHA 1610 AM – La Radio de la Comunidad. Una iniciativa de LJI, Local Journalism Initiative.
