Credit Photo: Global News.
Toronto, ON – Organizaciones de justicia migratoria en Ontario realizarán una vigilia para conmemorar el Día Internacional del Migrante en el monumento a los Trabajadores Ferroviarios Chinos en el centro de Toronto. Este año, los trabajadores migrantes continúan luchando contra las leyes racistas de inmigración en materia laboral que perpetúan un ciclo de injusticia contra los miembros más vulnerables de la clase trabajadora.
La vigilia se llevará a cabo en el monumento a los Trabajadores Ferroviarios Chinos, construido para conmemorar a los trabajadores en régimen de servidumbre que murieron construyendo el ferrocarril que unió Canadá Este y Oeste y forjó la riqueza del país. Los organizadores afirman que hoy en día los trabajadores migrantes están relegados a la misma condición de trabajo en régimen de servidumbre debido a las políticas federales, provinciales y municipales que les niegan derechos humanos básicos.
El gobierno federal está intensificando sus esfuerzos para criminalizar aún más a las comunidades migrantes, como lo demuestran los recientes cambios legislativos, como el Proyecto de Ley C-12. A nivel provincial, el gobierno no ha abordado problemas como el robo de salarios, que afecta de manera desproporcionada a los trabajadores en situación precaria. A los trabajadores migrantes lesionados se les sigue negando el acceso igualitario a la atención médica y al apoyo necesario a través de nuestro sistema de compensación laboral.
La vigilia destacará las voces de los trabajadores migrantes que compartirán mensajes de solidaridad.
En Canadá existen según datos del departamento de migración que reconocen que alrededor de un millón setecientos mil migrantes sin estatus. El gobierno de Justin Trudeau prometió resolver esta situación y nunca lo hizo. El actual Primer Ministro Mark Carney está más interesado de seguir las políticas de Estados Unidos que resolver esa situación de los migrantes en suelo canadiense. El ejemplo, mas claro fue la lucha de la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow demandando del gobierno federal los fondos necesarios para asistir a esta población.
Nadie puede ni negar ni esconder el gran aporte de las comunidades migrantes a la económia y la cultura del Canadá. Los trabajadores mujeres y hombres hacen los trabajos más duros, difíciles y sucios. Por lo tanto, son merecedores de tener sus papeles y todos los servicios necesarios para vivir una vida digna.
Bill C‑12 es un proyecto de ley federal presentado en octubre de 2025 que modifica de forma amplia la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados (IRPA) y leyes relacionadas, con el objetivo declarado de “fortalecer” la seguridad fronteriza y la integridad del sistema migratorio canadiense. A la vez, organizaciones jurídicas y de la sociedad civil advierten que estas reformas restringen seriamente el acceso al asilo, amplían el poder discrecional del Ejecutivo y pueden vulnerar la Carta de Derechos y las obligaciones internacionales de Canadá hacia las personas refugiadas.
Objeto y contexto del Bill C‑12
- El gobierno lo presenta como una modernización de un marco normativo de más de 20 años (IRPA) para combatir crimen organizado transnacional, lavado de dinero y fraude migratorio, y para agilizar el procesamiento de asilo y deportaciones.
Cambios claves en refugio y asilo
- Introduce nuevas reglas de inelegibilidad: por ejemplo, se considera inelegible una solicitud de refugio presentada más de un año después de la primera entrada a Canadá (aplicable retroactivamente a llegadas desde 24 de junio de 2020), o después de 14 días en ciertos cruces irregulares desde EE. UU.
- Las personas consideradas inelegibles ya no tendrían una audiencia plena ante la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB) y serían desviadas a un procedimiento de Evaluación de Riesgo Pre‑Remoción (PRRA), que no garantiza audiencia oral, ni suspensión automática de la expulsión tras una decisión negativa.
Poderes discrecionales sobre solicitudes y documentos
- Otorga al Gobernador en Consejo y al Ejecutivo autoridad extraordinaria para suspender, variar o cancelar categorías de solicitudes migratorias (residencia permanente, temporal, visados, permisos de estudio o trabajo, etc.) y documentos como tarjetas o visas de residente permanente por motivos amplios de “interés público”.
- Estos poderes permiten incluso terminar retroactivamente solicitudes ya presentadas o devolver en masa expedientes de una vía migratoria entera, sin salvaguardas claras de debido proceso, notificación ni revisión independiente.
Impacto en deportaciones y control fronterizo
- El plan fronterizo asociado prevé más recursos para procesamiento de asilo y aumento de la capacidad de la Agencia de Servicios Fronterizos (CBSA) para alcanzar hasta 20 000 expulsiones anuales, la cifra más alta de la última década.
- Se busca cerrar “lagunas legales” que hoy permiten que personas con antecedentes de “seria criminalidad” permanezcan en Canadá durante años mediante apelaciones, reforzando así la rapidez de la remoción de quienes sean declarados inadmisibles.
Críticas y preocupaciones de derechos humanos
- Organismos como la Canadian Civil Liberties Association y redes de abogacía migratoria señalan que el proyecto niega a muchos refugiados el derecho a una evaluación justa e independiente de sus reclamaciones y limita el acceso a recursos como apelaciones ante la IRB. Entre las preocupaciones centrales están: la penalización de quienes demoran en solicitar asilo por razones legítimas, la discriminación según modo y momento de entrada, el uso expansivo y vago del estándar de “interés público” y los riesgos de compartir ampliamente información sensible de migrantes sin suficientes salvaguardias.
Por: Yatza Lovaton y Edgar Godoy.
