Ontario aprobó el proyecto de ley destinado a estimular el desarrollo de viviendas en medio de críticas de que dejará a los municipios sin miles de millones de dólares, aumentará los impuestos a la propiedad y reducirá el papel de las autoridades de conservación.
Uno de los aspectos más controvertidos fue precisamente el de congelar, reducir y eximir a lo desarrolladores de las tarifas que tendrían que cubrir. Dichas tarifas que van a los municipios para poder cubrir los servicios básicos como infraestructura vial, alcantarillado y centros comunitarios.
Es así que la Asociación de Municipios de Ontario dice que los cambios podrían dejar deudas de $5000 millones y hacer que lo contribuyentes pagaran la factura de estas necesidades.
Aunado a esto, parte de lo más criticado de esta ley ha sido limitar las áreas en las que las autoridades de conservación pueden otorgar o denegar permisos de construcción, eliminando factores como la contaminación y la conservación de la tierra.
Por su parte el ministro de Vivienda y Asuntos Municipales, Steve Clark, dice que la provincia requiere de estas medidas propuestas en la Ley 23 para poder alcanzar la meta de 1,5 millones de viviendas construídas en 10 años.
