 Por Raúl A. Pinto.
Escuche la nota completa aquí
https://soundcloud.com/chha1610am-1/gobierno-estadounidense-cancela-beneficio-a-cientos-de-miles-de-inmigantes-protegidos
Casi un millón de personas quedarían en inmediato riesgo de ser deportados luego que el Presidente de Estados Unidos Donald Trump decidiera eliminar el programa impulsado por Barack Obama que protegía a gente joven llevada a ese país de manera illegal cuando aún eran menores de edad.
Esta medida fue una de las promesas de campaña realizadas por Donald Trump, donde dijo que cancelaría esta medida completamente una vez que asumiera el gobierno. Diversos medios han también apuntado al hecho que Trump mismo se contradice con esta ley, llamada Deferred Action for Childhood Arrivals, o DACA, traducida como acción diferida para los llegados durante la niñez, luego de mencionar en abril pasado en una conferencia con Asociated Press que los afectados podían “descansar tranquilos”.
Toronto Star informó que el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció esta decisión que pone en riesgo a ochocientas mil personas, muchos de los cuales son estudiantes universitarios o profesionales con familias que no conocen otro país, y no se diferencia de sus colegas o vecinos nacidos en el país del sur.
Los llamados “DREAMers”, o “soñadores” comenzaron a protestar esta medida el martes incluso antes del anuncio de Sessions, con cientos de personas reunidas fuera de la Casa Blanca y otros participando de una huelga de hambre que comenzó en el Capitolio.
Sessions dijo que lo que Obama realmente había ofrecido era una “aministía ejecutiva” a las personas que él describe como “mayormente ilegales adultos”. El fiscal comentó que Obama había sido un “irrespetuoso” por haber deseado que el congreso estadounidense implementara una “burla con final abierto para las leyes de inmigración”
“Nosotros somos personas de compasión y somos personas de la ley. Pero nunca existió compassion alguna en las fallas de las leyes de inmigración,” dijo Sessions.
La decision de esta medida hoy queda en manos del congreso estadounidense, quien tiene seis meses para legislar y aprobar una ley equivalente a ésta.
